La deuda externa: reparar el presente

Por Ezequiel Roitman

Abogado, Master in Laws de Columbia University. Docente ICDA - UCC.

"Las peticiones para revisar los casos (writs of certiorari) son denegadas. La Jueza Sotomayor no tomó parte en el razonamiento o decisión sobre estas peticiones". Éstas son las palabras que a partir del 16 de junio de 2014 definieron la agenda económica y política de la República Argentina.

Por breve que parezca, es la resolución a los casos 13-990 y 13-991, en los que Argentina y un grupo de bonistas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la revisión del fallo que la condenó a abonar la totalidad de la deuda que mantenía con algunos fondos y pequeños inversores que no accedieron al canje de la deuda externa nacional formulados en los años 2005 y 2010 (holdouts). El certiorari es un recurso que la Corte puede acoger o desestimar a su sola discreción.

El asunto está nuevamente en manos del Tribunal inferior, para que defina la forma en la que deberá hacerse frente a la condena. O dicho en otros términos, cómo y cuándo deberá abonarse a los holdouts que hicieron el planteo. Dado que las decisiones fueron tomadas por un tribunal norteamericano, en defensa de los intereses de los inversores, se prorrogó la jurisdicción al momento de la emisión de los bonos (lo que es de estilo).

La resolución ayuda, como puede inferirse sin mucho esfuerzo, a aquellos que, aún sin haber reclamado hasta el momento, se encuentran en una posición análoga. Y no son pocos —según cálculos del propio gobierno, equivaldrían a quince mil millones de dólares— aun cuando representan solo un 7% del total de la deuda, incluida la reestructurada.

El fallo tuvo consecuencias inmediatas apenas a horas de su dictado: i) el índice Merval cayó el 10,1% liderado por la baja de las acciones de YPF en un 12,6% (11,9% en Nueva York), un 20,5% las de Edenor y un 10,1% las de Telecom; ii) los cupones de la deuda argentina ligados al desempeño de la economía cayeron un 15,5%; iii) el riesgo país subió a 826 puntos básicos y; iv) Standard & Poor´s bajó la nota de crédito soberano de Argentina de "CCC+" a "CCC-".

De igual manera, las repercusiones de la resolución alcanzaron a otros tribunales americanos, pues la Cámara de Apelaciones de Nueva York levantó la medida cautelar (stay) que permitía a la Argentina pagar a aquellos acreedores que ingresaron al canje a través del sistema bancario americano, sin tener que pagar "pari passu" (en igualdad de condiciones) a aquellos que no lo hicieron, lo que abrió inmediatamente la posibilidad de que los fondos que el país gira al exterior para pagar los compromisos con sus acreedores sean embargados.

Otro punto para resaltar, es que la negativa se dictó 14 días antes que el país deba girar al exterior alrededor de 900 millones de dólares para dar cumplimiento al vencimiento previsto en el canje de deuda para el 30 de junio de 2014; lo que pareciera ser corto plazo para iniciar una negociación de éstas características y evitar los embargos y la ejecución de la sentencia.

Lamentablemente, el fallo no llegó en un buen momento, pues encontró al país en un momento de debilidad económica, con altos índices de inflación, una recesión que avanza, una marcada tendencia a la devaluación y una caída de las reservas del Banco Central por debajo de los 28.8 billones de dólares.

Lo que es claro, es que frente al fallo y sus consecuencias deberá tomarse una resolución que definirá en gran medida el futuro económico y el consiguiente bienestar y tranquilidad social de los Argentinos.

Algo sobre lo poco se ha comentado, es que la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos acompaña otra en la que el máximo tribunal norteamericano habilitó al fondo NML a solicitar a instituciones bancarias americanas información sobre bienes y operaciones financieras globales de nuestro país (discovery), con el propósito de ejecutar la sentencia obtenida.

Como era de esperarse, la negativa del writ of certiorari movilizó al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso, a la prensa, a economistas y a la sociedad toda y nos puso a pensar sobre nuestro futuro, así como sobre la forma en que se resolverá este inminente problema y las consecuencias que traerá aparejadas. Las respuestas hasta ahora son pocas, pues se trata de un problema es grave y de solución compleja. Aunque se esperaba un resultado diferente, lo ocurrido era de igual manera altamente probable. No obstante, no queda otra opción que actuar de inmediato.

Se descarta que el gobierno opte por negociar con los holdouts, pues la batalla judicial está perdida y pareciera ser la única alternativa viable para evitar el tan temido default. La incógnita es cuáles serán los términos y las condiciones que aceptarían los holdouts. La Argentina podría: i) ofrecer pagar a los fondos en los mismos términos que al resto de los acreedores que ingresaron al canje (lo que ya fue rechazado); ii) ofrecer mejores condiciones a los bonistas, lo que podría traer aparejado consecuencias negativas dado que existe una cláusula en el canje que otorga a quienes accedieron a él, el derecho de beneficiarse por cualquier mejora que se otorgue a cualquier otro acreedor en forma posterior (se trata de la conocida como cláusula RUFO: Rights Upon Future Offers); cláusula cuyo vencimiento tendrá lugar en diciembre de este año. En tal caso, se deberá inteligentemente intentar dilatar, de alguna manera, las negociaciones hasta dicha fecha o encontrar alguna defensa que permita evitar su aplicación.

Lo que es claro, es que frente al fallo y sus consecuencias deberá tomarse una resolución que definirá en gran medida el futuro económico y el consiguiente bienestar y tranquilidad social de los Argentinos. Como bien lo dijo en su momento Jorge Luis Borges, "El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer." Tendremos que necesariamente hacerlo bien, para reparar este presente, que alguna vez será futuro.