Argentina: de la reestructuración de deuda al "default técnico"

El pasado martes 22 de julio, el juez neoyorquino Thomas Griesa volvió a acercar a Argentina al "default técnico" al rechazar la solicitud de reponer el "stay" efectuada por los bancos BONY, JP Morgan y Citibank, los bonistas europeos, el Euroclear y Clearstream y el fondo de inversión NML; con el fin de pagar el dinero depositado por el país, a los correspondientes acreedores.

A pesar de que hace un tiempo que resuenan estos nombres y datos, hay muchos que aún hoy se preguntan qué significan todos estos términos, por qué un juez de Estados Unidos decide sobre el dinero de Argentina, cómo puede ser que caigamos en "default" (suspensión o cancelación del pago de una obligación de manera unilateral, por ejemplo el impago de la deuda soberana) si se sigue pagando en término y quiénes son los llamados "fondos buitres" que "vienen por todo".

Para esclarecer esta situación, debemos remontarnos al año 2004, momento en el cual el gobierno nacional se preparaba para lanzar un canje de deuda voluntario, luego del default del 2001 declarado por el entonces presidente Rodríguez Saa. En 2005 se realiza dicho canje, el cual consistió en cambiar los bonos antiguos (que valían cero pesos porque se había decidido no pagar), por bonos nuevos, los cuales tenían una quita de dinero importante (del orden del 65%). En esta oportunidad, ingresó al canje cerca del 73% de los bonistas. Sin embargo, lo anterior se realizó con dos cláusulas, pensadas para tener la mayor adhesión posible al canje, que explican las complicaciones que hoy tiene el país. En primer lugar, se eligió como "sede" del pago a Estados Unidos, para que en caso de incumplimiento sea la justicia norteamericana la que falle sobre la situación (generando confianza en que la justicia de este país sería menos influenciable que la justicia argentina) y, en segundo lugar, la condición de que nunca en el futuro, en caso de abrirse nuevamente el canje, se le ofrecería voluntariamente a los restantes bonistas (el 27% que no había aceptado "entrar") un mejor cambio que el hecho en 2005. A esto se le denominó cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que vence en enero del 2015.

En 2010, se abre nuevamente el canje, con las mismas condiciones que el primero, tras el cual se totalizaba un 93% de adhesión, sin embargo, parte del restante 7% que no había aceptado entrar, se encontraba litigando en contra del país, para obtener el cobro del 100% de los bonos antiguos (los "defaulteados" en 2001), es decir, el capital más los intereses. A estos fondos de inversión, entre los que se encuentran NML Elliott, Olifant, Aurelius, Blue Angel y ACP Master, el gobierno los denominó "fondos buitres".

En este momento entra el juez Griesa quien, en diciembre del 2012, falla a favor de estos últimos y determina que Argentina debe pagarle US$1.330 millones en efectivo (actualmente supera los US$1.600 millones, por los intereses acumulados en el tiempo) y que, además, no podría realizar ningún otro pago a los demás bonistas, los que habían entrado a los canjes, hasta que se pagara la totalidad de dicho monto. En este sentido, decidió congelar las cuentas del país, a fin de que no se pudiera pagar a nadie más hasta que estuviera cumplida su orden.

Argentina apela dicho fallo ante la Cámara de Segunda Instancia, para lo cual se aplicó un "stay", que implicaba que el país podía seguir pagando normalmente hasta que dicha cámara se declarara (se "descongelaron" las cuentas bancarias argentinas). En esta instancia judicial, se decide dejar la sentencia de Griesa exactamente igual y, al intentar apelar nuevamente, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Argentina ve rechazada su solicitud (lo que, en términos judiciales significa dejar en firme el fallo de primera instancia, o sea lo decidido por Griesa).

Esta última decisión, tomada el 16 de junio de este año, levantó el "stay" existente, lo que implicó que el pago que debía hacerle el estado argentino a los bonistas, el 30 de junio pasado, no pudo cumplirse debido a que los bancos (que son los enunciados en el primer párrafo), por decisión del juez, no pueden entregar el dinero a los mismos. A esto, es decir, a la voluntad de pagar pero la imposibilidad legal de hacerlo, se le denomina "default técnico". ¿Por qué no entramos aún en default, y sí el 30 de julio? Simplemente porque el pago a los bonistas puede retrasarse hasta treinta días sin entrar en default, tras lo cual se vencen los plazos y definitivamente se determina el incumplimiento del pago.

Como vemos, a menos de una semana del cumplimiento de estos plazos legales, la situación es complicada. Al rechazar el "stay", e intimarnos a negociar con los "holdouts" (como también se denomina a los fondos buitres) cómo pagar el dinero establecido en su fallo, el juez Griesa pone en jaque al país ya que lo obliga a presentar un plan de pagos, que en teoría debiera ser mejor que el de los canjes del 2005 y 2010 (si los holdouts aceptaran un canje idéntico a los ya realizados, ¿por qué no entraron antes?) pero que, por la cláusula RUFO, no es legalmente posible de realizar. La única opción viable sería dilatar el pago hasta el año próximo, reponiendo el "stay" y, en ese momento, realizar el pago enunciado.

Las consecuencias de entrar en default no serían inocuas para el país. En primer lugar, subiría el riesgo país, el cual se encontraba bajando luego de los arreglos con el CIADI, el Club de París y Repsol, lo que imposibilitaría nuevamente el acceso al mercado de préstamos internacionales. Además, haría caer la reestructuración de la deuda ya que, al no pagarse, comenzarían juicios en contra del país para lograr cobrar la deuda impaga (nacerían nuevos "fondos buitres", aunque estimar un valor sobre el monto de estos juicios, como se escucha habitualmente, sería desacertado, ya que es imposible de conocer de antemano). En tercer lugar, la posibilidad de que pudieran caer las reservas, subir las tasas de interés y realizarse una devaluación, debido a corridas cambiarias, podrían deprimir aún más la economía (algunas estimaciones determinan una caída del PBI del 1,5% extra, sólo por entrar en default). Por último, y lo más importante, sería que se perdería todo lo positivo realizado hasta ahora, en materia de deuda externa, haciendo que la misma vuelva a ser una carga en las próximas décadas para el país.

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Andrés Sperman es investigador vinculado a Proges, Programa de Gestión Pública y Social del ICDA, en donde es uno de los responsables del Índice del Clima de Negocios e Inversión para la provincia de Córdoba - Icnic.